Sindicatura inhabilita y multa a ex Alcalde FPT
Por Por José de Jesús Jiménez Vega, La Voz de la Frontera|12 de Marzo

Mexicali, Baja California.- Sindicatura Municipal dictaminó responsabilidad administrativa contra el ex alcalde Francisco José Pérez Tejada Padilla, castigándolo con una multa cercana a los 1 mil millones de pesos e inhabilitándolo para evitar que ocupe cualquier cargo público durante los próximos diez años.

Se le declaró responsable, entre otras cosas, por la desaparición de las aportaciones de seguridad social de los trabajadores del Ayuntamiento.

El síndico procurador Humberto Zúñiga Sandoval descartó que exista algún fondo político en el resolutivo, señalando que éste se encuentra bien fundamentado y encuadrado, sobre todo en lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la correspondiente estatal de Baja California.

"La multa puede parecer excesiva, pero así lo marca la ley; no lo inventamos", dijo.

Respecto a la inhabilitación, indicó que el marco jurídico aplicado habla de todo cargo público, no exclusivamente municipal, suponiéndose que incluye los de elección popular, pero se deslindó de cualquier decisión que tomen las autoridades electorales respecto a incluir a Pérez Tejada Padilla como candidato en los próximos comicios federales.

Zúñiga Sandoval encabezó ayer una conferencia de prensa en la sala de sesiones del cabildo municipal, acompañado por un grupo de asesores jurídicos liderados por Luis Ramón Irineo Romero, autor técnico de la resolución.

Informó que el inicio del procedimiento le fue notificado personalmente al imputado, otorgándosele la garantía de audiencia a fin de que respondiera conforme su derecho, ofreciendo en su caso pruebas y realizase los alegatos que estimara convenientes.

En ese sentido, destacó, se cubrieron todas las garantías del debido proceso, pero el imputado nunca compareció, limitándose a enviar un escrito solicitando copias de lo actuado.

Las sanciones

Los conferenciantes establecieron que la inhabilitación se determina "en base al daño causado y trae consigo el impedimento para obtener y ejercer cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público, siendo la sanción por un período de diez años a partir de la notificación que se dio el pasado 10 de marzo.

Respecto a la sanción económica, "tomando en consideración la gravedad, la naturaleza de las conductas, las condiciones en que se concretaron y el daño patrimonial ocasionado al Municipio, se fijó en 948 millones 792 mil 156 pesos, equivalente a 13 millones 528 mil 838 veces el salario mínimo vigente, de acuerdo con el artículo 62, fracción III y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Esta sanción equivale a la mitad del daño patrimonial, así como un tanto adicional.

"Por lo tanto, la sanción económica impuesta en su conjunto se determinó por la cantidad de 948 millones 792 mil 156 pesos...".

Fundamentos de

la responsabilidad

Apoyado en un documento escrito y previa distribución de un disco compacto de la resolución -integrada por 218 fojas-, Zúñiga Sandoval explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular de Baja California establecen directrices y señalan de forma general la responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los servidores públicos por actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Manifestó que la sujeción al régimen administrativo por cualquier servidor público se prevé en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se establece que cuando un servidor público electo popularmente incurra en violación a lo previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley mencionada, será sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa.

Se ignora dónde

quedaron los recursos

En otro apartado, Zúñiga Sandoval destacó que de las revisiones y tres auditorías practicadas no se encontraron registros o constancias en las que se indique que los recursos fueron utilizados en la propia administración municipal.

"Ignoramos por lo tanto el destino final que la administración municipal le hubieren dado a estos recursos", expuso.

"Enterar a la ciudadanía el resultado obtenido en la investigación realizada por la Sindicatura a la administración del XX Ayuntamiento es parte del ejercicio de transparentar las cuentas públicas y de informar los hallazgos obtenidos...".

A pregunta específica sobre si esta revelación de datos afectaría las investigaciones que en materia penal lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado, con base a una denuncia específica, Irineo Romero mencionó que de ninguna manera.

Se estableció que el sancionado podrá recurrir al amparo, pero ellos están preparados para sostener todos los argumentos durante los alegatos que se requiriesen.

Asimismo, el síndico sentenció: "Queremos marcar que no pueden seguir ocurriendo este tipo de conductas por parte de nuestros gobernantes, quienes actúan en el poder de manera depredadora, generando una deuda pública que luego todos tenemos que pagar. No a la impunidad".