Amenazan con cárcel al Alcalde
Por José de Jesús Jiménez Vega, La Voz de la Frontera|13 de Mayo

La empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A., concesionaria del servicio integral de la basura en el Municipio de Mexicali, reveló ayer que ha presentado una denuncia en contra del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa y aseguró que podría ir a la cárcel por el delito de violación de una suspensión derivada de un juicio de amparo.

El abogado penalista Guillermo Pasquel, representante de PASA, ofreció ayer una conferencia de prensa junto al también licenciado en Derecho, Orvendilo Navarro, para dar a conocer una serie de precisiones respecto al diferendo entre las autoridades municipales y su representada.

Expuso que el cabildo de Mexicali, con el voto de calidad del Alcalde mexicalense, aprobó el retiro de la exclusividad que PASA tiene para la recepción, tratamiento y confinamiento final de los residuos sólidos urbanos establecida claramente en el contrato de la prestación del servicio.

Eso lo hizo ilegalmente, dijo Pasquel, especificando que para que procediese la aprobación de la propuesta debió haberse logrado la obtención de los votos de las dos terceras partes de los miembros del cuerpo colegiado.

Independientemente de ello, agregó, el procedimiento para modificar o revocar el contrato está especificado en las cláusulas de este mismo.

"Los términos fueron modificados unilateralmente; hay mala intención y mal asesoramiento jurídico que hace ver como ignorantes a los miembros del cabildo", expuso el jurisconsulto, reiterando que el contrato tiene su propio procedimiento administrativo para modificar o revocar la concesión.

Mencionó que con este tipo de actos, el Alcalde está actuando irresponsablemente en agravio no solo suyo, porque podría ir a la cárcel, sino de la ciudadanía en general, ya que finalmente será ésta la que tenga que pagar los errores.

Indicó que la justicia federal había concedido una suspensión para que la empresa siguiera operando normalmente el centro de transferencia y el relleno sanitario, pero el Ayuntamiento la violó.

Especificó que a la fecha el Ayuntamiento le debe a PASA 86 millones de pesos, más lo que se acumule durante el tiempo que se lleven los procedimientos jurídicos que -recalcó- tendrán fallos positivos para la empresa porque hay toda una serie de elementos de prueba que se harán valer ante los tribunales.

Retó a que se compruebe la falta de probidad de la empresa, de ocurrir lo cual "nos retiramos".

Sin embargo, señaló que PASA tiene la razón y se defenderá jurídicamente contra el daño patrimonial que se pretende en su contra y asimismo de la campaña de desprestigio que el Ayuntamiento está realizando.

Mencionó que a pesar de diversas peticiones para que el Ayuntamiento utilice la fuerza pública con el objeto de retirar a los pepenadores que bloquean el paso al relleno sanitario, la autoridad municipal ha hecho caso omiso.

Además, dijo, tiene pruebas de que el Alcalde ha estado pagando 300 pesos a cada uno de un grupo de manifestantes que se hacen pasar como pepenadores.

Por única vez

Exhortó "por única vez" al alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa a que participe en una reunión de frente al cabildo, con representantes de los medios de difusión como testigos y con la participación de cinco ciudadanos de respetabilidad intachable, a efecto de que el tema quede clarificado y en su caso se llegue a un acuerdo formal que signifique la revocación de cualquier disposición que esté afectando a su representada y que, en cambio, todo quede conforme a derecho.

Dijo haber solicitado la intervención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid para la realización de las pláticas formales encaminadas a dar por terminado el diferendo, esto de manera pública, ya que "no estamos dispuestos a llegar a ningún arreglo en lo oscuro".