Sin servicios decenas de fraccionamientos
Por Gustavo García Rivas, La Voz de la Frontera|15 de Julio

Mexicali, Baja California.- Decenas de fraccionamientos construidos por empresas desarrolladoras de vivienda no han sido entregados a los Ayuntamientos principalmente en Mexicali y Tijuana, lo que afecta a sus residentes, ya que al no estar regularizados no les proporcionan los servicios públicos.

Señaló lo anterior la diputada por el Partido Nueva Alianza (PNA), Irma Martínez Manríquez, quien señaló que debido a esta falta de cumplimiento de la entrega recepción, las familias tienen que sufragarlos por su propia cuenta a pesar de que por ley tienen derecho a que la autoridad se los proporcione.

Por tal motivo, informó que recientemente presentó en el Congreso local una iniciativa de reforma a la ley en la materia que propone un procedimiento para que los Municipios adopten medidas de seguridad que permitan hacer cumplir a los urbanizadores con sus obligaciones en los fraccionamientos del Estado.

La pretensión es resolver la problemática de los habitantes de cientos de fraccionamientos que no han sido entregados y en donde sus residentes sufren abandono por falta de apoyo gubernamental y porque quienes les vendieron no les cumplen y tienen que buscar proveedores de servicios para recolección de basura y alumbrado público.

La reforma consiste en reformar la ley para que se prevea que en caso de que transcurran los plazos de terminación de las acciones de urbanización sin que éstas hayan sido concluidas por parte del urbanizador, previa solicitud de los vecinos o requerimiento del Ayuntamiento, éste implemente acciones para solucionar la problemática.

Para ello, dijo, se le otorgan facultades para proceder a la prestación temporal de los servicios públicos correspondientes e informen a la Tesorería Municipal la relación de gastos realizados para ese fin y, en su momento, hacer efectiva la fianza de garantía que la Ley de Desarrollo Urbano refiere en su artículo 172.

Con ello se brindará mayor certeza jurídica y una mejor calidad de vida a los residentes de estos fraccionamientos porque hace más solidaria la participación del Ayuntamiento y vincula más a los urbanizadores con la calidad del servicio que están obligados a otorgar a sus clientes.