Urge regular Centros de Rehabilitación

Por Por Gustavo García Rivas, La Voz de la Frontera|17 de Febrero

Mexicali, Baja California.- El documental "Abuso en vez de asistencia: La realidad de los centros de tratamientos de usuarios de drogas" presenta el escenario en que se desenvuelven dichos establecimientos y presenta la oportunidad de debatir el marco jurídico que sustenta la rehabilitación de una persona que ha caído en las adicciones.

Al considerar lo anterior, el diputado Francisco Barraza Chiquete afirmó que servirá para conocer de cerca los resultados efectivos de la metodología, formas y mecanismos de los actuales centros de atención a este problema de salud pública en Baja California y en todo el país.

Expresó que en la actualidad existen en los cinco Municipios del Estado más de 150 Centros de Rehabilitación a usuarios de drogas que no han sido suficientes o han sido deficientes para cumplir los objetivos por los cuales fueron instalaron.

"Lejos de que exista una real integración de las personas con problemas de drogadicción a la sociedad, el padecimiento no solo continúa, sino que hay la percepción de que va en aumento...", señaló.

No obstante, indicó que el problema de los Centros de Rehabilitación no es exclusivo de México, es un mal que aqueja a muchos países de Latinoamérica y un ejemplo es Perú, en donde existen detenciones obligatorias en las calles para recluirlos en los Centros.

Ahí es común que el trato que se les da sea a través del bloqueo, el encadenamiento y otros castigos en nombre del tratamiento y que solo el 20% de las 222 instalaciones de rehabilitación en aquel país son las que tienen licencia, en tanto en México la mayoría de los Centros son entidades privadas.

Por su parte, el representante de la asociación civil Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, Zamudio Angles, comentó que en México existe una escasa oferta pública de centros de tratamiento y servicios para personas que desean dejar las drogas.

Ante este vacío y la creciente demanda en el país como en Baja California, se han multiplicado numerosos centros de internamiento que operan con el modelo de ayuda mutua, donde es común que los guías o padrinos de dichos Centros basen su tratamiento en su experiencia personal antes que en evidencia profesional.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de las Adicciones (Cenadic), menos de uno de cada cuatro de los centros de tratamiento con internamiento registrados cumple con la Norma 1, que representan solo 426 de los 2 mil 291 que hay en toda la República Mexicana.

Sin tratamientos dignos

De esta manera, en la mayoría de los Centros se cometen abusos contra los usuarios que representan graves violaciones a los derechos humanos, abusos que incluyen -según testimonios- internamiento involuntario y prolongado, hacinamiento, mala alimentación, castigos, tortura y hasta abuso sexual.

En el mismo contexto, Zamudio Angles consideró que los retos para ofrecer tratamientos dignos a personas con problemas con las drogas son complejos, pero entre los más urgentes se encuentran los relacionados a conseguir eliminar todas las prácticas violatorias a los derechos humanos.

Además se deben diversificar y mejorar la calidad de los servicios de atención disponibles, por lo que se tienen que realizar diferentes acciones como crear campañas de difusión de estos derechos a quienes necesitan de atención y que todo tratamiento debe ser voluntario.

También apoyar a las familias de quienes usan drogas a través de servicios de consejería que les ayuden a decidir sobre cómo intervenir en la atención de sus familiares.

Sancionar a Centros abusones

Ampliar la oferta de servicios públicos de atención especializada, especialmente de servicios de modalidad ambulatoria, así como en programas de reducción de daños y de tratamientos de base comunitaria.

Se deben ampliar los objetivos de los tratamientos de forma que no solo se incluya la abstinencia como meta, sino también la reducción de riesgos y daños derivados del consumo.

Se deben sancionar los Centros donde se inflijan abusos y violencia, así como facilitar las denuncias por parte de los internos y verificar de forma permanente el cumplimiento de la Norma a través de un sistema de entrevistas de egreso a los usuarios.

"Se debe involucrar a los usuarios en la revisión de los procedimientos de tratamientos y ofrecer capacitación continua con enfoque de derechos humanos y de reducción de daños a los Centros que se apeguen a la Norma".